«Tienen que moverse ya. Desde que el Ayuntamiento empieza a hacer papeles hasta que pone bordillos pueden pasar tranquilamente seis u ocho años». Esa es la respuesta que dan en el área técnica del Consorcio de Villalonquéjar a la pregunta de si Burgos necesita gestionar ya más suelo industrial, tal y como el alcalde, Javier Lacalle, defiende.

Tras años en los que la ampliación de Villalonquéjar estuvo a punto de irse al traste por el desequilibrio financiero que generaba la nula demanda de suelo, la realidad actual es que la mitad de esa cuarta fase está reservada, adjudicada o vendida. «Es una demanda seria. Todas las operaciones se están concretando y no hay motivo para pensar que alguna vaya a frustrarse», añaden en el ente, que mañana celebra reunión de su Consejo Rector para dar cuenta de su marcha económica y abordar un cambio de estatutos que puede resultar ‘espinoso’.

En lo que se refiere a la comercialización, el Consorcio se reunió en junio para proceder a la adjudicación de 11 parcelas, de las que se han escriturado tres en estos meses. La previsión es que todas menos una ejecuten la compra final en lo que queda de año, mientras el resto de la demanda trabaja en la planificación de 2019. La comercialización de suelo industrial es muy estacional y se concentra en el primer semestre del año, pero si no se trabaja en generar más superficie urbanizada, la ciudad entrará pronto «en el riesgo de que se presente un gran proyecto y no se le pueda dar cabida».

Esos argumentos, que son los que sostuvo entonces el alcalde, son los que han derivado en el inicio de los trabajos para modificar el Plan General de Ordenación Urbana. El propio regidor confía en «llevar al Pleno esa modificación a finales de este trimestre o, como muy tarde, a comienzos del próximo año. Se están definiendo las superficies que pasarían de ser suelo rústico a industrial y terciario, pero es necesario que se inicie cuanto antes», mantiene.

El siguiente paso es estudiar cómo se financiaría la urbanización del complejo. El antiguo proyecto del Centro de Actividades Económicas afectaba a varios municipios y, además, fue tumbado por el Tribunal Superior de Justicia junto con cuatro sectores residenciales que, dijo el Tribunal, constituían una previsión residencial «muy alejada de lo razonable».

Los técnicos municipales trabajan ahora en ceñir el proyecto al término municipal de Burgos, y más en concreto al área que se extiende entre el aeropuerto de Villafría y el barrio de Castañares, donde, según estimaciones que están por concretar, se podría generar más de un millón de metros netos cuadrados de suelo industrial. Esto es, un polígono similar a la cuarta fase de Villalonquéjar. Hay importantes empresas del entorno, como Kronospan, que llevan años queriendo crecer e incluso crear un parque de clientes en ese área.

Pero la diferencia es que esto no es el año 2005. Las cajas locales han desaparecido y los bancos que las abdujeron no están precisamente locos por repetir la operación después de haber asistido al conato de aborto de las últimas negociaciones para refinanciar la operación. En la Fundación Caja de Burgos admiten que «una de nuestras áreas nucleares es apoyar al desarrollo de Burgos, así que estamos aquí para seguir colaborando, pero teniendo claro que en esto el que manda es el Ayuntamiento».

Financiar el coste del CAE, por reducida que sea la versión que pretende Lacalle, dependerá de la capacidad municipal para liderar la operación. Villalonquéjar, al igual que el desvío ferroviario, fueron operaciones apalancadas -pagadas con crédito-, y no parece que eso vaya a repetirse, salvo que la demanda de suelo se desboque y regrese a niveles precrisis, cosa que tampoco se antoja el escenario más probable.

Cabe recordar que en Villalonquéjar todavía hay suelo para abastecer la demanda durante años, aunque es cierto que la posibilidad de elegir tanto superficie como ubicación es cada vez menor. En la última reunión del consejo rector se ejecutó una revisión de precios al alza, situando el coste medio del metro cuadrado en torno a 52 euros. El coste real de comprar, diseñar, urbanizar, gestionar y comercializar cada metro cuadrado neto de la cuarta fase superó los 90 euros, así que los empresarios están comprando ahora muy por debajo del precio coste en uno de los mejores polígonos del Norte de España. Una operación así sería inviable en el caso del CAE.

EL PARQUE TECNOLÓGICO, PARADO

El proyecto del Parque Tecnológico parece haber llegado a un punto de no retorno en el limbo legal y administrativo que vive desde que hace casi 7 años se pararon las obras de urbanización. El silencio de la Junta de Castilla y León, que prometió para septiembre la rescisión del contrato de construcción con Travis Gestión de Activos (que se quedó con parte del negocio de Isolux), ha alertado al empresariado local, plataformas ciudadanas y partidos políticos locales sobre un nuevo retraso, el enésimo que sufre esta infraestructura.

La patata caliente está ahora en el despacho de la consejera de Economía, Pilar del Olmo, desde donde se apela a la discreción para rematar una operación compleja. Del acuerdo de rescisión con Travis Gestión Gestión de Activos depende la elaboración de un nuevo proyecto que contemple de una vez por todas los accesos a esta zona industrial y la convocatoria de un concurso público para rematar los 16 meses de obra que restan por hacerse.

El empresariado, representado en la patronal FAE, vigila este proceso muy de cerca porque, de ninguna manera quiere que el proyecto se abandone. Miguel Ángel Benavente explica que todos los grandes núcleos industriales tienen su parque tecnológico y que mientras el de Burgos se pierde en los retrasos continuos, el resto crece a nuestra costa. «Málaga es el modelo a seguir, su tecnológico es un nudo de unión entre universidades, centros de investigación y escuelas de formación; es decir, canaliza el talento con empresas de importante valor añadido que mantienen más de 18.000 puestos de trabajo de mucha calidad y facturan en conjunto 1.900 millones de euros».

El presidente de FAE insiste en que «nos estamos perdiendo esto» en Burgos, máxime en un momento en el que los avances tecnológicos permiten impulsar muchas empresas, en el que la industria local tiene potencial para crecer y apostar por la I+D y en el que, añade, la UBUenfoca sus estudios a materias como la Ingeniería de la Salud o la investigación alimentaria que tienen perfecta cabida en este espacio industrial. «Hay unos mimbres y seguimos sin completar  este proyecto, cuyos retrasos son tantos que ya parecen malintencionados. Luego vemos que nuestros jóvenes mejor formados se marcha a trabajar a Madrid...».

Benavente critica a la Junta «por no creer en el Parque Tecnológico, por forzar su construcción sin en realidad quererla y por no darlo importancia».   

pacto industrial. Desde el PSOE, su secretaria provincial, Esther Peña, recuerda que la finalización y puesta en marcha de esta infraestructura esta recogida en el Pacto Industrial y el Plan de Desarrollo Industrial de Castilla y León, que PPy su partido (Juan Vicente Herrera y Luis Tudanca) firmaron el 29 de marzo de 2017 y que contó con el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios regionales.  Desde entonces, recuerda Peña, se ha puesto en valor ese acuerdo pero «nada sabemos y hemos visto que Pilar del Olmo nos ha engañado: a día de hoy, no sabemos por qué se rescinde el contrato sin ninguna explicación y nos tendrán que explicar qué va a pasar con el  proyecto de obra, con los accesos...». La representante del PSOE dice que al PP«se le debería caer la cara de vergüenza por su gestión».

Esta semana se verá el recorrido que tiene la proposición conjunta planteada por el PSOE al resto de grupos políticos en el Ayuntamiento de Burgos para exigir a la Junta de Castilla y León compromisos y plazos concretos de esta obra vital para Burgos.