De los 112 millones que debe este organismo compuesto por el Ayuntamiento y la Fundación Caja de Burgos, habrá una parte considerada no sostenible que no podrá obtenerse de la venta de terrenos y tendrá que afrontar la ciudad. Su importe podría elevarse hasta los 36 millones de euros, aunque esta cantidad es cuestionada por los socialistas. Imagina ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido