El acusado, que ejerció de director de una oficina de Caja Rural en Burgos entre el 3 de marzo de 2008 y el 2 de febrero de 2010, se enfrenta a una pena de 3 años de prisión por desviar a cuentas de su titularidad 40.000€ de una clienta y a otros 4 años como presunto autor de dos delitos societarios. La Fiscalía exige también que indemnice a los afectados con las cantidades de las que se apropió.