La sentencia que condena a la Junta a indemnizar con 21.500 euros a un alto funcionario por acoso laboral advierte de que, efectivamente, el afectado no había presentado antes una queja expresa de sufrir mobbing, pero dice que "si se consiente o no se reprime el ataque a un empleado es tanto como favorecer una especie de 'omertá' de la Administración y abandonar a su suerte al trabajador".