El caso aparece en el Informe 2016 del equivalente al Defensor del Pueblo a nivel regional y evidencia una vez más que este tipo de dependencias se siguen topando con problemas a la hora de tratar con administraciones que no las reconocen como algo equiparable a la vivienda. Y todo pese a que el PGOU que entró en vigor en 2014 contemplaba la posibilidad de solicitar "su cambio a uso residencial".