El Congreso acordó ayer elevar los meses de impago que se requieren para que una entidad financiera pueda ejecutar un contrato de hipoteca como paso previo a un posible desahucio. Así, si la morosidad se produce en la primera mitad del préstamo, serán 12 meses, y si es en la segunda mitad del crédito se exigirán 15 meses de deuda. 

El acuerdo se adoptó con el respaldo de la mayoría de los grupos, y únicamente Unidos Podemos optó por mantener viva su propuesta, de establecer este límite en el 10% del capital concedido. 

El proyecto de ley que remitió el entonces ministro de Economía Luis de Guindos en noviembre de 2017 diferenciaba el vencimiento anticipado de un préstamo en función de si el impago de las cuotas se producía en la primera o en la segunda mitad de la duración de un crédito vivienda. 

En esta línea, si se producían en la primera parte, se fijaba que, para ejecutar un contrato, debían suponer el 2% del capital concedido o el equivalente a 9 meses de demora. El nuevo acuerdo fija estos límites en el 3% y 12 meses de impago. 

Si esta situación tenía lugar en la segunda mitad, las cuotas vencidas y no satisfechas debían equivaler a 12 meses. La nueva ley establecerá que el retraso en el pago tendrá que suponer el 7% o bien 15 meses.  

Por otro lado, los grupos aceptaron rebajar los intereses de demora planteados en la ley hipotecaria, ya que si en el proyecto se fijaban en el triple del interés legal del dinero, ahora se quedan en el tipo remuneratorio más tres puntos. 

Otros de los acuerdos aprobados  pasan por establecer el carácter permanente del código de buenas prácticas ya vigente y la eliminación expresa de las cláusulas suelo. 

No se han cerrado cambios referidos a un posible código sancionador, como proponía Unidos Podemos, ni a las titulizaciones en los cambios de propiedad. 

Durante la ponencia, los grupos avanzaron hasta prácticamente completar todo el articulado de la ley, si bien esperan celebrar una nueva reunión de ponencia, prevista para el 23 de noviembre. 

La Cámara Alta ha solicitado al Gobierno la tramitación de la norma por vía de urgencia, lo que acorta a la mitad los plazos establecidos.